Demandó en su intervención del pleno de esta mañana que se busque una solución práctica, objetiva y viable sin afectar el proceso concursal al que someten anualmente unas 400 empresas.
“Hay urgencia para no perjudicar a 1,600 trabajadores y ver su problemática con objetividad sin satanizar el problema social”, remarcó el congresista por La Libertad, a la vez que preguntó si el Estado tiene 100 millones de dólares y 500 millones para ocuparse del costo laboral y del circuito del cobre, respectivamente.
Se mostró de acuerdo con que la liquidación en marcha se pueda prolongar, pero no con la modificación de la ley del sistema concursal, sino incorporando un sistema claro de responsabilidad y fiscalización, así como con la voluntad política de querer solucionar este problema.
“La liquidación en marcha debe ser factible solo cuando dicho negocio pueda mantenerse en continuidad saludable, con el pleno cumplimiento a las obligaciones legales y sin afectar a terceros”, subrayó.
