El pleno del Congreso de la República acordó
modificar varios artículos del Código Penal vigente, con el fin de reprimir los
actos que afecten el normal funcionamiento de los servicios públicos como el
transporte, saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones.
Así informó el gerente regional de
Electrocentro, Ing. Percy Cueva Ormeño, precisando que la empresa tomó conocimiento
que dentro del paquete de medidas aprobado por el pleno, se refuerza significativamente
la lucha contra la delincuencia, hecho que se reconoce por cuanto ello
contribuirá a fortalecer la defensa de los servicios públicos.
Manifestó que la disposición fue aprobada
por mayoría, considerando como hurto agravado la sustracción de bienes de
servicio eléctrico. En el caso del hurto de equipos que permiten la prestación
de los servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones, la pena privativa de la libertad será no menor de 4
ni mayor de 8 años.
“El Congreso aprobó la ley que reprime
atentados contra transporte, electricidad o saneamiento. De esta forma se protegen
los servicios públicos ante robos que perjudican a la población y a las
empresas. Los que atacan obras o infraestructuras pueden ir ocho años a prisión,
sanción drástica y ejemplar que ya está vigente”, refirió.