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viernes, 12 de noviembre de 2010

Robacables tendrán hasta ocho años de cárcel


El pleno del Congreso de la República acordó modificar varios artículos del Código Penal vigente, con el fin de reprimir los actos que afecten el normal funcionamiento de los servicios públicos como el transporte, saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones. 
Así informó el gerente regional de Electrocentro, Ing. Percy Cueva Ormeño, precisando que la empresa tomó conocimiento que dentro del paquete de medidas aprobado por el pleno, se refuerza significativamente la lucha contra la delincuencia, hecho que se reconoce por cuanto ello contribuirá a fortalecer la defensa de los servicios públicos.
Manifestó que la disposición fue aprobada por mayoría, considerando como hurto agravado la sustracción de bienes de servicio eléctrico. En el caso del hurto de equipos que permiten la prestación de los servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o telecomunicaciones,  la pena  privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años.
“El Congreso aprobó la ley que reprime atentados contra transporte, electricidad o saneamiento. De esta forma se protegen los servicios públicos ante robos que perjudican a la población y a las empresas. Los que atacan obras o infraestructuras pueden ir ocho años a prisión, sanción drástica y ejemplar que ya está vigente”, refirió.