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martes, 12 de junio de 2012

Comunidades integrantes de comité de gestión Chinchaycocha, convocan a autoridades nacionales



Junín, 12 de junio.- Luego que el Plan de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha 2012–2016 fue aprobado mediante Resolución Suprema N°002-2012-MINAM, los miembros integrantes del Comité de Gestión sesionaron en la municipalidad provincial de Junín y acordaron convocar a los presidentes regionales de Junín y Pasco, Congresistas de ambas regiones, alcaldes y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, para dar cumplimiento al mencionado plan.

Los representantes de las 11 comunidades perjudicadas por el embalse y desembalse de la represa Upamayo, reguladora del caudal de las centrales energéticas Electroperú y SN Power Perú, indicaron que confían en el diálogo con las autoridades, por ello acordaron convocar a todas las instancias de Gobierno Nacional y Regional a fin de solucionar los problemas sociales originadas por la pérdida de extensas hectáreas de pastoreo por  inundación de la represa y por la contaminación del segundo humedal más grande del Perú (El lago Chinchaycocha es el segundo humedal más grande del país, luego del Titicaca).

La próxima reunión se realizará en la comunidad de San Pedro de Pari, en el distrito de Ondores, lugar donde se ubica la represa de Upamayo, los dirigentes comunales mencionaron que las autoridades necesitan estar en el lugar para ver la magnitud de los daños ocasionados y así se pueda remediar a través de una compensación; saludaron la aprobación del plan y esperan la atención de otros puntos solicitados en un memorial.

El Ing. Ulises Panéz Beraún, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y a la vez Presidente del comité de gestión, indicó que remitirá todo lo actuado a las comunidades e instituciones integrantes para que puedan evaluar los avances y puedan hacer llegar sus conclusiones a las autoridades convocadas.

En esta reunión el alcalde provincial de Junín Luis Solorzano, también expuso los avances del proceso de judicialización de las denuncias iniciadas contra las empresas energéticas, mineras e instituciones responsables por el delito de contaminación ambiental.