Autorizar el inicio del proyecto minero Tía María desencadenaría una nueva ola de violencia, de mayor intensidad, y con una oposición más cerrada; concluyó un informe sobre las inquietudes y preocupaciones de la población de la provincia de Islay elaborado por la ONG Labor, por encargo del Gobierno Regional de Arequipa.
Según el informe, producto de un estudio que duró 20 días en la zona, la demanda principal de la población es la recuperación de la paz, lo que implica una suspensión indefinida del proyecto Tía María y el levantamiento del estado de Emergencia, demandas que son apoyadas por el 72% de la población.
Dolor y frustración son los sentimientos que caracterizan a la población, tanto a los opositores, como a los que apoyaron el proyecto, e incluso a quienes no tomaron posición. Por lo que retomar el diálogo requerirá un buen tiempo, además de que, por el momento, no hay interlocutores claros que representen a la población.
“La mayor probabilidad es que la nueva dirigencia social que reemplace a la actual esté conformada por dirigentes aún más radicales que los anteriores. Y los alcaldes, algunos de ellos intervenidos y vacados, no están dispuestos a correr ningún riesgo de tomar la responsabilidad de participación y relación con el gobierno sobre la factibilidad del proyecto en términos inmediato”, concluye el informe.
DAÑO EMOCIONAL E INSTITUCIONAL
“El conflicto vivido con extrema violencia, ha creado una nueva realidad”, se aprecia. Es decir, si antes de los hechos, la oposición se basaba en posibles y futuras amenazas como “la contaminación del valle y el incremento del costo de vida, reforzada por la desconfianza hacia la empresa, … ahora el daño se convierte en una vivencia ocurrida”.
Los efectos son muchos mayores que en el año 2011, desde que los enfrentamientos se trasladaron de la carretera Panamericana al interior de los poblados del Valle de Tambo.
“Yo no estaba en las movilizaciones pero los gases se metieron a mi casa… no es justo”, dice una pobladora y la mayoría recuerda cómo afectaron los gases a los niños y a los adultos mayores. El 89% de la población dijo sentirse muy afectada o afectada por los hechos.
“Los niños le tienen miedo a la policía. Cuando ven a un policía cerca de sus casas creen que han venido a detener a su papá… se aterrorizan cuando escuchan una licuadora porque confunden con el sonido de los helicópteros”, dice otro testimonio.
En general, la secuela de impactos se traduce en: pérdidas económicas, afectaciones en su vivienda, restricciones en su libertad, vivencia de eventos traumáticos, deterioros en su integridad física, pérdida de oportunidades, retrasos en su aprendizaje, deterioro de su reputación, entre otros.
Todo lo cual requiere ser reconocido y, sobre todo, reparado, señala el informe.
REVISIÓN DEL EIA
A un 87% de la población encuestada por Labor, le parece importante y muy importante la intervención de un tercero independiente para que emita un informe técnico sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La población no tiene confianza ni en la empresa (por sus antecedentes) ni en el gobierno, por la clara toma de posición a favor del proyecto que se expresó a partir de que Southern anunciara su retiro del valle.
La percepción de que el gobierno está parcializado a favor de la empresa se inicia cuando se aprueba el segundo EIA, según los pobladores, sin haber levantado previamente las 138 observaciones que hiciera la Unops al primer EIA.
Según las autoridades y dirigentes, esto puede interpretarse de 3 maneras; a) que la población espera que un nuevo informe sobre el EIA ratifique su creencia de que contamina, b) que la población podría aceptar la ejecución del proyecto siempre y cuando la consultora independiente despeje las dudas y establezca las medidas de mitigación; o que c) que la población podría aceptar el proyecto siempre y cuando sea ejecutado por una empresa que no sea Southern Perú.
LOS “ESPARTAMBOS” Y LOS LÍDERES
Según las conclusiones de Labor, los interlocutores de la población del valle de Tambo siguen siendo los alcaldes y los dirigentes del Frente de Defensa, aunque están limitados en su representación.
“El respaldo hacia estas autoridades y dirigentes no ha sido mermado a pesar de las intervenciones y enjuiciamientos de algunos de sus dirigentes”, concluye Labor, frente a un 72% que se manifestó en ese sentido.
Incluso sobre la conducta de Pepe Julio Gutiérrez, algunos pobladores consideran que ha sido víctima de una acción planificada entre el gobierno y la empresa; y es que su liderazgo y capacidad organizativa frente a los demás es notoria, según se deduce de hecho que, al salir de escena, la oposición quedó sin brújula ni capacidad de negociación.
Una figura emblemática del conflicto son los llamados “Espartambos” a quienes no se atribuye un comportamiento violento sino que actuaron como consecuencia de su indignación. Los “jóvenes indignados” defensores del valle, son identificados claramente como hijos de familias constituidas y conocidas en el lugar. Quedó así desterrada la versión que se trataba de grupos foráneos y violentistas, ya que muchas de las acciones atribuidas a ellos habrían sido “sembradas” o magnificadas por la policía.
Labor señala haber conversado con grupos de jóvenes del valle sobre estas acciones que los enfrentaron abiertamente a la policía, a lo que respondieron que no tienen temor a las fuerzas del orden porque “se vienen preparando hace mucho tiempo para enfrentar a la policía”.
